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Sosa: “Hay que pensar las políticas del Estado para que se reinserte el trabajador”

(Ansol).- El caso de los 280 trabajadores de Pepsico que resistieron al cierre de la planta de alimentos en Vicente López, Provincia de Buenos Aires, su posterior desalojo por parte de las fuerzas policiales, la masiva movilización en apoyo a los operarios y la instalación de una carpa frente al Congreso, fue sólo uno de los casos de conflictividad laboral, cese de actividad en las fábricas y despidos que se vivió en el país: según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2015 y marzo de 2017, se perdieron 3.198 empresas en el país, que explican el aumento del desempleo en el primer trimestre del año, del 7,6 al 9,2 por ciento, según detalló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Sin embargo, los trabajadores han montado diferentes metodologías para resistir a sus despidos, más allá de que se les paguen debidamente sus indemnizaciones, tras lo cual cabe preguntarse: ¿Qué opciones tiene un empleado a evitar que el patrón lo eche?

“Hay casos como en San Luis que estableció mediante leyes provinciales, que cuando hay un cierre el Estado se queda con sus máquinas y planta. La empresa paga la indemnización y la fábrica queda. No es el caso de Pepsico. Hay herramientas, pero el Estado no puede obligar a la empresa a mantenerse en un lugar, por las leyes de propiedad”, indicó Gustavo Sosa a Ansol, presidente de la Comisión de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Social Solidaria de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y docente del curso de Posgrado en Economía Social en la Universidad de Tres de Febrero.

En ese sentido, las regulaciones laborales carecen de mecanismos para operar cuando se ha despedido a personal de manera formal y con el pago debido de sus haberes, ya que no contempla medidas para incluir al trabajador nuevamente en el proceso productivo.

“Cuando el trabajador es despedido, se lo indemniza, ahí el derecho laboral se retira. Hay que pensar las políticas del Estado para que se reinserte el trabajador. Ahora hablan del emprendedurismo, pero es de patas cortas, porque no se puede pedir que una persona de 20 o 25 años de relación laboral arme una empresa. Tenemos la experiencia de los 90, de las personas que se fundieron al abrir la canchita de paddle, el remís o el kiosko y se comieron la indemnización”, resaltó Sosa a esta agencia.

Esta limitación pública y jurídica queda anunciada en el contexto actual de pérdida neta de empleos: según el CEPA, entre diciembre de 2015 y abril del 2017, 53 mil personas fueron despedidas, especialmente en sectores industriales, tales como la alimentación y bebidas, y textiles y calzados, grandes afectadas por las importaciones.

El Estado como garante

Cabe destacar que el Estado posee herramientas legales para sostener las fuentes de empleo y la producción, mediante las estatizaciones y expropiaciones, y que son utilizadas, aunque ahora con menor frecuencia, especialmente en la recuperación de fábricas.

“La herramienta política está. No basta, como se dijo en el caso de Pepsico: ‘nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, no podemos obligar a una empresa a quedarse’. Parece que el Ministerio de Trabajo soluciona el conflicto y cuando se indemnizó, ya no se hace cargo. Cuando la empresa se va, la planta se queda. El Estado podría tener una política de quedarse con la planta y ver conjuntamente con los trabajadores cómo seguir, aunque ello requeriría una acción que está muy lejos de la que tienen los gobernantes”, concluyó Gustavo Sosa a esta agencia.