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RB: la autogestionada que pelea por volver a producir

(Ansol).- “Hoy estuvimos frente al Juzgado (Comercial N° 9) para que destrabe el inconveniente porque es a la jueza a quien le compete. Estamos esperando tener alguna decisión por parte del gobierno, que se apersone para hablar con nosotros. Y la idea es el día viernes tratar tomar la fábrica de nuevo”, adelantó a esta agencia el presidente de RB, Ricardo Perea.
Los trabajadores reclamaron el jueves pasado frente a la recuperada Industrias RB tras el desalojo ocurrido el miércoles 8, día en que el juez Orlando Abel Díaz, a cargo del Juzgado de Garantías N°2 de San Isidro, lo ordenara a pesar de que la empresa recuperada cuenta con una Ley de expropiación desde 2007 y prorrogada en 2012.
Durante el reclamo por mantener sus fuentes laborales, fueron reprimidos por la policía bonaerense con gases y golpes, y detenidos.
La voz de la patronal
En una nota publicada sin firma por el diario Infobae  titulada La historia detrás del desalojo y los incidentes en una fábrica de San Isidro se afirmó que “solo dos cooperativistas” de 13 estaban de acuerdo con la recuperación, que la ley de expropiación no tiene vigencia por un supuesto acuerdo entre la empresa VEC y los trabajadores, y que el intento de volver a la fábrica fue motivada por Perea y el dirigente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), Eduardo Murúa.
Al respecto, el presidente de RB aclaró: “No es así. Primero no se puede hacer un acuerdo entre las partes, porque es una ley que no se puede anular por particulares».
«Por otra parte, es falso que la mayoría hayamos acordado trabajar para VEC. Es más se presentó hace un mes un pedido de asamblea, en el cual ese preacuerdo del que se habla la cooperativa no le da ninguna validez”, afirmó.
Industrias RB se dedica a la producción de diversos instrumentos y aparatos de medición y control (instrumental automotor y de uso naval, instrumentos de magnitudes eléctricas y temperatura, sistemas de cobro y expendio automático de pasajes): se convirtió en cooperativa en 2003, tras sufrir dos años de vaciamiento e irregularidades en el pago de los sueldos.