(Ansol).- “Todas las escuelas son consideradas públicas por la ley porque perdimos esa batalla en los 90, pero una escuela privada no puede ser democrática porque tiene un patrón. Si alguien no está de acuerdo, lo pueden sacar. Hoy se diferencia solo por las gestiones”, explicó a esta agencia la funcionaria, quien está al frente de la Coordinación Comunitaria de la Legislatura porteña.
En la misma línea, comentó que los estados provinciales deben seguir la Ley de Educación Nacional y diferenciar la gestión social de la privada.
Ansol dialogó con García Tuñón en el marco del Foro de experiencias educativas En Clave Colectiva que se realizó el sábado pasado en el auditorio de ATE, en la Ciudad, y que convocó a decenas de integrantes de proyectos de educación popular, alternativa, cooperativa, comunitaria, con base territorial, organizaciones sociales, ya sea trabajen en los ámbitos de educación formal o no formal del área metropolitana de Buenos Aires.
 
Particularidades
“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la educación, pero no tiene porqué tener el monopolio del manejo. Los grupos sociales que no sean empresas pueden pensar sus espacios educativos manejados por ellos mismos. El Estado tiene la obligación de socorrerlos y de entregarles los títulos a esos espacios”, consideró la exlegisladora luego del encuentro organizado por el Bachillerato Popular Independencia, la Escuela de Naturaleza, la Federación de Cooperativas y Entidades Afines de Enseñanza (Feceaba), el Movimiento Popular La Dignidad, la Organización Germán Abdala, la Red de Educación Alternativa (Reevo), y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Popular (Sinatep), en el espacio también se trabajó sobre un nuevo marco normativo que reconozca y garantice las especificidades de esas prácticas educativas.
La primera necesidad que tienen estas experiencias, según García Tuñón, es que sean normatizadas, “sin ser encorsetadas”, ya que “la gestión social es muy diversa”.
Calidad
“El Estado debería tener una supervisión pedagógica de las escuelas, pero no lo está haciendo. Debería controlar los proyectos políticos pedagógicos de las escuelas de gestión estatal, de gestión social y cooperativa y también de los de la gestión privada.
Puede supervisar qué se enseña, sin necesidad de digitarlo. Podrían hasta fijarse acuerdos en común. A partir de ahí, cada escuela y cada maestro puede enseñar como más le guste”, especificó García Tuñón.
Durante el encuentro también sobre financiamiento integral, que incluye la remuneración de los trabajadores, fondos para recursos materiales y para actividades espaciales, el pago de alquileres y los gastos de administración; los requerimientos Jurídico-Institucionales; y la posibilidad de proyectar un sindicato.